Más de 200 nobles españoles, entre ellos algunos de los títulos de más lustre de nuestro elenco nobiliario –60 de los cuales son Grandes de España-, han dirigido una carta colectiva a S.M. el Rey Juan Carlos para solicitar su amparo ante la crisis provocada por la aplicación de la Ley 33/2006, “sobre igualdad del hombre y la mujer en el orden de sucesión de los títulos nobiliarios”, Ley que está provocando numerosos pleitos judiciales entre otras tantas familias cuyos títulos han sido tradicionalmente heredados por el primer hijo varón, en detrimento de la descendencia femenina de mayor edad.
Conviene decir enseguida que esta insólita rebelión a bordo de parte importante de la nobleza española no va dirigida contra la Ley propiamente dicha, sino contra sus efectos retroactivos, retroactividad tras la que, según opinión generalizada, se esconden las aspiraciones de Agatha Ruiz de la Prada y Sentmenat a alcanzar el marquesado de Castelldorius y la baronía de Santa Pau, que en la actualidad disputa en los tribunales a su tío, Carlos de Sentmenat y Urruela, y también de su pareja, el periodista Pedro José Ramírez, que ha sido capaz de poner de acuerdo a PP y PSOE en un asunto que afecta a menos de 2.500 familias españolas.
“Los abajo firmantes”, señala la misiva dirigida al Rey Juan Carlos a finales de junio, “tienen el honor de exponer a V.M. la grave preocupación motivada por la aprobación de la Ley 33/2006 que modifica con carácter retroactivo las cláusulas sucesorias de las Cartas de Concesión, mayorazgos y legislación supletoria vigente en el otorgamiento de las Mercedes Nobiliarias”.
Entre los firmantes, los titulares de los ducados de Amalfi, Aveiro, Feria, Infantado, Montellano, Nájera, Veragua, Riansares, etc. y condados como el de Bilbao, Floridablanca, Gaitanes, Los Andes, Romanones, etc., marquesados, señoríos y baronías, en una lista que no cesa de engordar.
La raíz del pleito reside en el Art. 14 de la Constitución de 1978, que señala que “Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. A partir de ese Art. 14, algunas mujeres, hijas de nobles que vieron como un hermano varón más pequeño heredaba el título de acuerdo con las viejas normas, decidieron pleitear: La esencia del planteamiento jurídico de las demandantes es siempre la misma: en la transmisión de títulos nobiliarios se están violando derechos fundamentales.
Pero, tras algunos fallos del Supremo que parecen darles la razón, El Tribunal Constitucional entra en escena con un par de sentencias (27/1982 y 126/1997) que zanjan la cuestión sentando el principio de que los títulos nobiliarios sólo tienen un carácter simbólico, constituyendo un nomen honoris, carente de cualquier significado material ni de otra trascendencia jurídica que no sea la puramente honorífica, por lo que no pueden tener la consideración de derechos fundamentales. “Los derechos honoríficos no son derechos fundamentales”, dice el TC.
Los derechos honoríficos no son derechos fundamentales
Algunas demandantes llevaron el pleito hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, donde también perdieron (Noviembre de 1999). Hasta que se llega a la ley 33/2006, de 30 de octubre, tildada por muchos nobles de “ley Agatha”. PP y PSOE se ponen de acuerdo para acabar con siete siglos de preferencia del varón. La norma cuenta con solo dos artículos, el primero de los cuales dice textualmente que “El hombre y la mujer tienen igual derecho a suceder en las Grandezas de España y títulos nobiliarios, sin que pueda preferirse a las personas por razón de su sexo en el orden regular de llamamientos”.
El escándalo llega, sin embargo, en la disposición transitoria única, donde, a cuenta de las presiones de personas muy concretas, se establece la retroactividad de la ley a 27 de julio de 2005, que es cuando se presentó el texto como proposición, y ello para que un grupito de señoras influyentes, con maridos poderosos, pudieran subirse al carro de la nueva norma, caso de Isabel Hoyos Martínez de Irujo (ducado de Almodóvar del Río), casada con Jaime Carvajal y Urquijo; caso de Ana Gamazo (marquesado de Soto de Aller), casada con Juan Abelló; caso de Natalia Figueroa (Santo Floro), y, por encima de todas, la ya citada Agatha Ruiz de la Prada.
“No podemos entender”, prosigue la carta al Rey, “que después de una sentencia [dos, en realidad] del Tribunal Constitucional que zanjaba la cuestión, una resolución de Naciones Unidas y un acuerdo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, coincidentes plenamente con la doctrina del Consejo de Estado y, hasta ahora, de la Diputación de la Grandeza, las Cartas de Concesión se vean modificadas por una Ley “ad personam” cuyo articulado y disposición transitoria favorezcan la posición de unos pocos en unos contenciosos nobiliarios muy concretos”.
División en la Diputación de la Grandeza.
Los firmantes de la misiva real, que se han agrupado en una nueva “Asociación Nobiliaria Española” al margen de la tradicional Diputación de la Grandeza –hoy dividida a cuenta de este pleito-, no propugnan, por eso, la anulación de la Ley 33/2006, sino que pretenden combatir el carácter retroactivo de la misma al proyectarse sobre títulos nobiliarios concedidos con anterioridad a su entrada en vigor.
Lo paradójico de esta Ley es que va a perjudicar a tantas mujeres como a las que va a beneficiar. En efecto, se van a ver privadas del derecho a usar el título tanto las consortes de los hombres que serían considerados sucesores según la anterior legislación, como las mujeres que detentan sus derechos a través de línea masculina. No hay que olvidar que, conforme al sistema tradicional de sucesión, un buen número de los títulos más representativos de la tradición histórica estaban actualmente en manos de mujeres (Medinaceli, Alba, Osuna, Medina Sidonia).
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